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Este artículo trata sobre la aplicación del principio de subsidiariedad a la protección de los derechos humanos en el marco de la Unión Europea. Esta aplicación tiene dos dimensiones: una dimensión normativa, en primer lugar y una dimensión más general, en segundo lugar. En el plano normativo, la subsidiariedad no presenta ninguna particularidad. En tanto que norma, la subsidiariedad –formulada en el artículo 5 del TCE– es operativa una vez que se comprueba la existencia de una competencia a través de la invocación de la pertinente norma jurídica y siempre que se trate de una competencia no exclusiva de la Unión. En el plano judicial, el principio intenta conciliar la tensiones entre la unidad y la diversidad. En este plano la subsidiariedad está presente tanto en las fuentes que utiliza el Tribunal para la adopción de decisiones en materia de derechos humanos, como en el respeto de estos derechos cuando son los Estados miembros quienes aplican el Derecho comunitario.

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