Ética y seguridad jurídica en la actuación contractual de la Administración Pública

Resumen

En los últimos años presenciamos signos cada vez más evidentes de corrupción y manipulación de la responsabilidad delegada a los servidores públicos. El actual marco constitucional, a través del principio de seguridad jurídica, actúa como garantía de la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En este contexto, desde un enfoque ético y legal la Administración debe armar un sistema inteligente de gobierno mediante el ejercicio de una política virtuosa basada en el ejercicio de buenas prácticas, entendidas como aquellas formas óptimas de ejecución de un proceso o una actividad, a través del respeto por la transparencia y la confianza legítima, que proteja al ciudadano de manera persistente en el tiempo y en su participación en los asuntos públicos, planteando modelos de conductas deseables –y extrapolables– a los servidores públicos y a los ciudadanos.